Colombia: El derecho al consentimiento garantiza la permanencia en el territorio

“Los 40cm de profundidad que reconocen del territorio ni siquiera alcanza para que nos entierren.”
Eduardo Paki Kumimarima, Autoridad Tradicional del Pueblo Muinane.

Por Borojó, miembro honorario del Colectivo Agrario Abya Yala

Los derechos que protegen a los pueblos indígenas en Colombia existen porque ellos mismos los han luchado a través de vías de hecho y de una movilización activa. Las garantías que hoy tienen los grupos étnicos las han conseguido a pulso, aún después de haber buscado su exterminio desde 1492 por los colonizadores y de haber sido desarraigados de sus culturas, territorios e identidades. Los pueblos originarios que permanecen dignos en los territorios del Abya Yala, en este país llamado Colombia; han resistido 525 años de expoliación de sus territorios, de la explotación de sus vidas y han sufrido en los términos occidentales de la violación sistemática de los derechos que se han reconocido en instrumentos como el Convenio 169 de la OIT, las Declaraciones sobre pueblos indígenas de la ONU y de las Américas, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución Política por nombrar los más relevantes.

El genocidio que han vivido los pueblos originarios está vivo en sus memorias, no lo olvidan y luchan por sus ancestros, por su dignidad y por la autoridad que les da la sabiduría ancestral de mandatar sobre estas tierras desde la autonomía, la auto-gobernanza y la auto-determinación; desde las que coinciden en proteger integralmente los territorios que habitan y que les son reconocidos mediante las figuras de resguardos indígenas, ellos nos siguen enseñando que la prioridad en la vida se origina en tener una buena salud que necesita del buen cuidado que le demos a nuestras aguas, tierras, aire, ecosistemas y todas las formas de vida existentes.

Las comunidades nos enseñan que la prioridad de un estado que se hace llamar ‘democrático y de derecho’ debe ser la vida de los 70 pueblos que se encuentran en riesgo de exterminio físico, deben ser las economías propias y comunitarias de sus pueblos, los planes de vida y desarrollo, las garantías de la toma de decisiones sobre sus territorios, sus planes de ordenamiento territorial y sobre la prioridad de los usos del suelo, un estado no puede colocar por encima de los pueblos un desarrollo económico unilateral, impositivo y con beneficios exclusivos a las empresas transnacionales, si lo hace, practicamente dejaría de existir como estado y sería algo así como un ‘grupo corporativo’.

¿Cuál es el interés de reglamentar la consulta previa por parte del gobierno colombiano?

Los intercambios de saberes en minga permanente de pensamiento colectivo que se dieron en el foro internacional llevado a cabo los días 23, 24 y 25 de febrero, le permitieron al movimiento indígena colombiano  sentar una postura clara y contundente frente al hecho no consultado por parte del gobierno, de radicar un proyecto de decreto reglamentario del derecho a la consulta previa.

Insistieron las Autoridades Indígenas, el Gobierno Mayor y Consejeros Mayores de la ONIC, de la OPIAC, de la Confederación Indígena Tayrona, de la AICO y en general los Pueblos asistentes a este espacio en que la prioridad de este momento, es pensar en la pervivencia, derechos fundamentales y garantías para la vida de los pueblos indígenas y que esos temas no se solucionan con la reglamentación de la consulta previa. En palabras de Luis Fernando Arias: “el tema hay que analizarlo de manera profunda, porque lo que está en juego no es la reglamentación de un derecho, sino la pervivencia de los pueblos que exigen el buen vivir y la sustentabilidad en sus territorios.”

Julio César López enfatizó que “las comunidades son las que tienen la experiencia y herramientas para defender el territorio y no el gobierno.” Así mismo Geremías Torres señaló que “este espacio fue generado por el gobierno porque le urge avanzar en la concesión de megaproyectos, los pueblos indígenas no tenemos afán; queremos tomar con calma este tema y escuchar pueblos indígenas de América Latina que hayan vivido situaciones similares (…)”, además puntualizó que “la consulta previa nos lleva al camino del exterminio.” Por su parte, Eduardo Alberto Estrada contestó al vicepresidente Germán Vargas Lleras recalcando que “los pueblos nunca hemos querido ser el palo en la rueda para el desarrollo, los pueblos impulsamos la protección de la madre naturaleza y reflexionamos sobre la necesidad de defenderla como el bien supremo de la humanidad (…)”, finalmente Myriam Chamorro reflexionó desde las siguientes preguntas que dejó para el foro: “¿Cuántas comunidades siguen llorando muerte de compañeros por estos temas?, seguimos llorando la muerte de Kimmy Pernia cuando se está construyendo la represa de Urrá, ¿cuántos compañeros Emberas vemos en las ciudades desplazados por paramilitares?, ¿cuántas hidroeléctricas, pozos petroleros y carreteras están anunciadas sobre nuestros territorios?, ¿cuántas desviaciones de ríos y talas de árboles de manera inmisericorde tenemos en territorios propios y ajenos? (…)”

Recalcamos las palabras de Luis Evelis Andrade cuando inquirió: “el obstáculo al desarrollo de Colombia no son los pueblos indígenas: ¿la ruta del sol no avanza por culpa de los indígenas o por la corrupción de Odebrecht?”, lo que provoca la reflexión certera referida a comprender que los retrasos y falencias en proyectos del desarrollo en el país son culpa de la corrupción y de la incapacidad del estado de investigar y sancionar a carteles de contratación como el que se ha estado revelando en el caso ‘oderbrecht’ y no los pueblos indígenas como lo han hecho creer en la opinión pública mintiéndole a la sociedad en general.

Los pueblos indígenas no tienen prisa sobre la reglamentación de la consulta previa

Si el gobierno de Colombia quiere hablar con los gobiernos de los pueblos indígenas sobre los temas fundamentales, el movimiento indígena está más que dispuesto a hacerlo, a hablar de los problemas estructurales, de los reiterados incumplimientos gubernamentales de garantizar que la justicia redistributiva -que surge de la imposición de megaproyectos extractivos que han afectado los territorios indígenas- sea una realidad, del incumplimiento de 92 acuerdos que surgieron de la consulta del PND 2010-2014 o de los 182 acuerdos que surgieron de la consulta del PND 2014-2018.

Instaron al gobierno a que piense bien si la reglamentación de la consulta previa desde la perspectiva en que pretende hacerlo, va a solucionar la confianza inversionista de las empresas y va a solucionar su dolor de cabeza de 5.000 consultas previas en proceso y quien sabe cuántas más que vengan. El movimiento indígena le dijo al gobierno que pensaran en soluciones estructurales, que si la justicia redistributiva en materia de regalías que le deben por ejemplo al pueblo Wayuu en La Guajira, al pueblo Inga en Putumayo, a los Embera del Choco, Antioquia y Eje Cafetero o a los Tayronas de la Sierra Nevada de Santa Marta -por nombrar algunos casos- se cumple de manera contundente y se derrota la corrupción que ha existido alrededor de ese tema a través de compromisos de alto nivel del Ministerio de Hacienda, ahí si podrían hablar de cuál es el paso indicado que hay que seguir en conjunto sobre el derecho a la consulta previa, antes no.

Los pueblos dignos, incluso le enviaron un mensaje a todos los empresarios que tienen intereses en adelantar proyectos extractivos en los territorios colombianos; les dijeron que para que haya una visión concertada de desarrollo económico en estos territorios había un comienzo y un orden, el orden de las cosas es que los pueblos indígenas tengan garantizadas las condiciones de vida digna indicados en el derecho internacional de los derechos humanos, que los pueblos ejerzan la autodeterminación de definir cuál y cómo es su economía no solo para pervivir, sino también para desarrollarse materializando así una justicia social, ambiental y distributiva; sólo después de que esto sea una realidad podrían hablar con las empresas transnacionales para analizar si su modelo es compatible o no y si los pueblos consienten su presencia o deciden que son actores no gratos en el territorio, esas son las opciones.

Los pueblos indígenas del Abya Yala comparten sus experiencias

En el valioso intercambio de saberes que se dio con la sociedad civil, con investigadores y con pueblos indígenas hermanos de Panamá, México, Ecuador, Perú y Bolivia, quedaron bastantes aprendizajes que ahora hacen parte de las reflexiones necesarias que hay que hacer, para tomar decisiones sobre las estrategias que el movimiento indígena podría definir frente a escenarios como la Mesa Permanente de Concertación o frente a las decisiones impositivas del gobierno de radicar inconsultamente la reglamentación de la consulta previa, queriendo además tramitarla por la vía rápida conocida como el ‘fast-track’, que es la forma por la cual el legislativo está implementando el Acuerdo Final.

Resaltamos el mensaje de Lourdes Tiban Guala que nos dijo que “la Consulta Previa es indispensable para el Sumak Kawsay”, que ratifica la visión de los pueblos en Colombia, pues es claro que a partir del buen vivir se construye vida digna y economía propia y que si existe una agenda de prioridades para los pueblos, ese sería el punto inicial y de partida. Stefan Mikaelsson ratificó la importancia del derecho a la autodeterminación y resaltó los pueblos son los que deben tomar las riendas de sus destinos, sobre todo en lo cultural y espiritual y comprendiendo la relevancia del papel de la mujer indígena en su labor de búsqueda de justicia y equidad para los pueblos.

Héctor Huertas, Pablo Arauz y Adamo Américo coincidieron en aconsejar que había que concentrarse en desarrollar el derecho al Consentimiento previo, libre e informado, debido a que consideran que en sus países éste ha contribuido de alguna manera a ser garantía para la permanencia en el territorio y en que a partir de su reconocimiento se podría exigir que la decisión de la comunidad de consentir o no consentir fuera de carácter vinculante, así también lo sugirió Luis Jorge Garay y la profesora Andrée Viana, pues consideran que en la búsqueda de mayor progresividad de este derecho, hay buenas opciones para desarrollarlo en la Corte Constitucional y en el ámbito de los jueces en Colombia.

Por su parte Clara Cagna, nos compartió como a partir de la mala experiencia de ser afectados por la minería y la contaminación del mercurio, decidieron no permitir el ingreso de Perupetro (empresa petrolera peruana) a su territorio y lograron fallos a favor en el Tribunal Constitucional en el que además de reconocer la autonomía de los pueblos indígenas, se ordenó promover a los Monitores Comunales como una tarea fundamental para tomar medidas frente a los impactos de proyectos que estén en ejecución y para estudiar proyectos que tengan alguna intención de explorar o explotar los territorios.

Rocío Trujillo Solis que acompañó el caso de la comunidad Tres Islas, sugiere al movimiento indígena colombiano que tenga en cuenta los parámetros y análisis realizados por la CIDH en el caso Saramaka vs Surinam, porque en él se indica que el derecho al consentimiento significa que los pueblos digan si otorgan o se abstienen de otorgar el consentimiento respecto de proyectos de desarrollo o inversión que puedan afectar su territorio. Ella considera que para la reglamentación de la consulta previa esto es clave, pues en Perú no fue tenido en cuenta y en la reglamentación de ese país el estado hace salvedades en casos en los que no puede garantizar la participación efectiva.

Los países de una Colombia pluriétnica, las Naciones Indígenas

Las voces Arawak, Bora, Caribe, Chibcha, Chocó, Guahibo, Maku, Saliba, Witoto, Quechua, Criolla, Tupi, Tukana, Barbacoa y las Aisladas se escucharon durante tres días, sobre reflexiones y discusiones alrededor del derecho a la consulta previa y las decisiones que debían tomar como pueblos, todos los dialectos étnicos confluyeron y también hablaron en español para recordarnos a los ‘hermanitos menores’ como nos llaman los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta; que Colombia no es un sólo país, que por dentro -como dijera el escritor William Ospina- existen muchos países que desconocemos y que tienen los mismos derechos que los denominados ciudadanos colombianos.

La palabra compartida también nos hizo recordar que antes de que existieran los terrenos baldíos, lo que habían eran territorios indígenas y que desde esa época viene el despojo de tierras a las comunidades, que hoy se ha incrementado y ha generado más violaciones a derechos, sobre todo desde la profundización de la política denominada ‘locomotora minero-energética’ que ha debastado a los pueblos y sus territorios. Armando Valbuena, sentenció en el caso de explotación de carbón de Cerrejon en La Guajira que “la muerte por hambre de niños Wayuu es un efecto real del calentamiento global y de la minería de carbón (…) hoy La Guajira afronta la consulta previa en todos los espacios, porque ese desierto es objetivo de la política energética mundial. La tonelada de carbón se vende a 70 dólares, por el territorio pasan 37 millones de toneladas por año. Todo ese dinero no se queda en Colombia, ni en el gobierno central, ni en La Guajira y los niños y niñas se siguen muriendo.”

Saul Carrillo complementó lo anterior diciendo que “la minería a cielo abierto es un crimen de lesa humanidad (…) en el caso del desvío del Arroyo Bruno, hay ausencia de consulta previa, lo que hay son manipulaciones a las comunidades y lo que se configura es un insulto previo.” lo que nos permite ver como en un caso el derecho a la consulta previa no ha servido para proteger a las comunidades, sino para darle un margen de negociación a las empresas y que los derechos sean mercantilizados y los líderes manipulados y engañados.

¡El camino es la movilización, la autodeterminación y la exigibilidad del derecho al consentimiento!

Kimmy Pernia está vivo junto con cada ancestro víctima del genocidio sufrido desde 1492.


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