Complot para el despojo de las tierras a los pueblos indígenas en el Perú.

Por: Jesús Manacés Valverde. Era la mañana del 5 de junio de 2009 cuando se empezó a disparar contra el pueblo indígena awajun – wampis, ubicados en la carretera Fernando Belaunde Terry en respuesta a la promulgación de normas que flexibilizaban la apropiación de las tierras indígenas para favorecer a terceros y al propio Estado.

El resultado de ése fatídico suceso fue 33 muertos, más de 200 heridos y un desaparecido; más de 50 indígenas procesados judicialmente, ningún responsable político y tres policías sancionados administrativamente.

Hace quinientos años llegaron los españoles y nos dijeron que nuestras tierras ya no nos pertenecían, que eran propiedad de la Corona y de la Santa Iglesia. Hoy, bajo el pretexto de presencia del Estado, llegan los funcionarios públicos y nos dicen nuevamente que nuestras tierras ya no son nuestras, sino que le pertenecen al Estado.”

¿Por qué tanto interés en las tierras de los pueblos indígenas?

La Amazonía peruana, el pulmón del mundo, se encuentra habitada por comunidades nativas que durante generaciones conservan el bosque, la biodiversidad y las fuentes de agua. Al mismo tiempo, la Amazonía peruana guarda los principales lotes de hidrocarburos del Perú y una importante reserva de oro y otros minerales.

En ese sentido, bajo el argumento de protección y gestión ambiental; las empresas madereras, las asociaciones privadas para la conservación y el Estado peruano, tienen gran interés en apropiarse de territorios indígenas por los negocios forestales, los fondos de cooperación internacional para la conservación y los negocios turísticos, propiciando una expulsión silenciosa de los pueblos indígenas de sus territorios.

A modo de ejemplo, el Observatorio Cambio Climático señaló que las regiones de Madre de Dios y San Martín tienen el mayor número de concesiones para la conservación (en manos de privados), motivados por el dinero de la cooperación internacional para la conservación de bosques y/o la rentabilidad de la actividad turística. Este mecanismo genera la apropiación de particulares de las tierras de los pueblos indígenas que, en retribución estas empresas, otorgan empleos a la población indígena para turismo o vigilancia sobre áreas que ancestralmente le pertenecían.

Asimismo, la creación de Áreas Naturales Protegidas sobre territorios indígenas, bajo el pretexto de la imposibilidad del Estado en controlar el área, está encargando la tarea a particulares, (ONG´s Ambientalistas) quienes reciben “fondos verdes” por la administración del área; con poca o sin participación de los pueblos indígenas, quienes ancestralmente ocuparon dichas áreas.

En resumen, la Amazonía se convirtió en un nuevo botín; así como lo fue el oro en épocas coloniales, y los pueblos originarios resisten ante esta nueva invasión que goza de permisión legal.

Legislación peruana no garantiza la propiedad indígena.

Las leyes para reconocer y titular comunidades nativas fueron promulgadas en los años de 1978 (Decreto Ley Nº 22175) y 1979 (D.S. Nº 003-79-AA); es decir, cuando el Convenio 169 OIT aún no se encontraba vigente.

El Convenio 169 OIT, es un tratado de derechos humanos que goza de rango constitucional, aplicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la resolución de sus contiendas, cuyas sentencias son de obligatorio cumplimiento por el Estado peruano en su parte resolutiva como en los considerandos, así el Estado peruano no haya sido parte en el proceso.

En las Sentencias de la CIDH se dice por ejemplo que; “1) la posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado; [y que] 2) la posesión tradicional otorga a los indígenas el derecho a exigir el reconocimiento oficial de propiedad y su registro.” (Caso Comunidad Indígenas Sawhoyamaxa vs. Paraguay).

“La cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a partir de su estrecha relación con sus tierras tradicionales y recursos naturales, no sólo por ser éstos su principal medio de subsistencia, sino además porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad cultural. […] el Estado debe adoptar las medidas necesarias para que [su legislación interna relativa a un área protegida] no [fuera] un obstáculo para la devolución de las tierras tradicionales a los miembros de la Comunidad.” (Caso Comunidad Indígena XáKmok KáSek VS. Paraguay)

Por lo tanto, “Los pueblos indígenas son parte de la protección natural; no hay ninguna necesidad de expulsar a los pueblos indígenas en nombre de la protección de la naturaleza. […] (Caso Pueblos Kaliña y Lokono VS. Surinam)

Al respecto, la legislación peruana señala; que una vez demarcado el territorio de la comunidad nativa se debe realizar un estudio de suelos que determine las áreas de forestales y de protección, así como las áreas con aptitud agropecuaria; otorgándose una cesión en uso sobre los primeros y un título de propiedad sobre la última.

A pesar que existe una evidente contraposición en lo que establece la CIDH, el Convenio 169 OIT frente a la legislación peruana; no existe voluntad política para adecuar la legislación para el cumplir con los compromisos internacionales, ni tampoco voluntad de los funcionarios públicos en aplicar la jerarquía de normas en sus informes que permitan una debida protección de la propiedad indígena.

Complicidad y responsabilidad

La Cooperación Internacional está financiando desesperadamente procesos de titulación de comunidades nativas en el Perú, mediante la aplicación de una legislación colonialista, sin advertir una inmediata reformulación de la metodología para titular las comunidades nativas con criterios y estándares conforme al Convenio 169 OIT; como así lo recomendó nuestro Tribunal Constitucional Peruano.

La estrategia empleada por la Cooperación Internacional para el despojo del territorio indígena; es la generación de empleos para dirigentes indígenas sin experiencia en la defensa de derechos indígenas, financiamiento de pequeñas iniciativas a mujeres sin representatividad y la subvención integral de competencias de los gobiernos regionales.

Por ejemplo; la representatividad nacional de los pueblos indígenas (AIDESEP) fue condicionada por una agencia de cooperación, motivo por el cual se está convocando a nuevas elecciones para el mes de julio de 2017. La agenda nacional de los pueblos indígenas se encuentra condicionada por los fondos de la cooperación internacional antes que por la reivindicación de los derechos y las necesidades del pueblo indígena. La vergonzosa negociación de AIDESEP para la emisión de la Resolución Ministerial Nº 194-2017- MINAGRI que flexibiliza la cesión en uso en los territorios indígenas antes que la titulación de los territorios indígenas, es prueba de ello.

Las organizaciones regionales, que siempre fueron débiles en la representación y que fueron creadas en muchos casos por las ONG´s para glorificar sus informes, hoy representan un gran peligro para la defensa de los derechos de la población indígena; debido a que se han convertido en agencias de empleos, preferentemente para los hijos de los antiguos dirigentes, en empresas de servicio de alimentación, alojamiento y transporte para los talleres que realiza la cooperación internacional; así como también una forma desvergonzada de extraer recursos por cada reunión en la que participan. Viajes, buena comida, lujosos hoteles y trabajo bien remunerado; son un buen estímulo para distraer a los líderes indígenas sobre la reflexión sobre la protección de los territorios indígenas.

Los funcionarios y consultores especializados de los gobiernos nacionales y regionales, en el mismo término guardan un silencio cómplice frente al despojo, cuidando preferentemente sus puestos de trabajo y “el pan de cada día”. Si el fin supremo del Estado es la defensa de la persona humana y su dignidad; que se manifiesta a través de sus funcionarios públicos; al parecer no se está cumpliendo este mandato constitucional; sino por el contrario, se les está premiando con salarios que oscilan entre $4000 (cuatro mil) dólares mensuales. 

Es necesario agregar que los pocos medios de comunicación intercultural, utilizados preferentemente por los líderes indígenas para informarse, también decidieron guardar silencio respecto de las garantías mínimas para la protección de los territorios indígenas; así como también el debilitamiento de organizaciones aliadas a los pueblos indígenas mediante la suspensión de recursos económicos y misteriosamente la bonanza para otras que no cuestionaban el incumplimiento del Convenio 169 OIT en los procesos de formalización de la propiedad indígena.

Resistir nos llevará al cumplimiento del Convenio 169 OIT

No todo está perdido, comunidades indígenas de la Amazonía están rechazando proyectos de titulación que incorporaban la cesión en uso en los territorios indígenas. Se empieza a circular una propuesta de modificación normativa respecto de los procesos de titulación de comunidades que al parecer formalmente AIDESEP no hace suya.

Debemos entender que ya no es una cuestión técnica, sino es una cuestión POLITICA la implementación del Convenio 169 OIT en el Perú. No podemos seguir esperando que el Poder Judicial resuelva la agenda indígena, cuando las federaciones regionales y nacionales fueron elegidas para resolverlo en el plano político. La represión contra el Pueblo awajún wampis en Bagua no fue para que un grupo de seudo-dirigentes negocie con las tierras del pueblo indígena.

Resistir con propuestas en nuestras comunidades, es el llamado; funcionarios públicos opresores recuerden que el pueblo indígena nunca olvida.


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