Perú: Caso Perenco (II) La propuesta de Reserva Territorial Napo Tigre

La Resolución Directoral N° 022-2012-MEM-AAE de fecha 3 de agosto de 2012 aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el Proyecto Fase de Desarrollo de los Lotes 67A y 67B, ubicado en los distritos de Napo y Tigre, Provincias de Loreto y Maynas, Región Loreto, presentado por la empresa PERENCO PERU LIMITED, SUCURSAL PERU, por lo que conviene recordar porqué es importante contar con un estudio antropológico respecto a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial.

Los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario y/o en contacto inicial afectados en este caso tienen recorridos binacionales que fluctúan entre el Parque Nacional Yasuní de Ecuador y los lotes 67 A, 67B y 39 en territorio peruano, los cuales pertenecen a la familia Waorani, pueblos indígenas Tagaeri, Taromenae y los Aushiris o Abijires, y de la familia Zápara, los Pananajuri (Arabela) y Taushiros. 

Por el lado del Ecuador para la protección de esta población en aislamiento voluntario y/o en contacto inicial se ha creado Parque Nacional y Reserva de la Biosfera Yasuní, sin embargo aún quedan pendientes acciones afirmativas en su favor derivadas de la Medida Cautelar MC 91/06 interpuesta el 10 de mayo de 2006 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  quién “solicitó al Estado ecuatoriano la adopción de las medidas necesarias para proteger de la presencia de terceros en el territorio en el que habitan los beneficiarios“. Es decir la protección de esta población no sólo debe recaer por el lado ecuatoriano sino además también del estado peruano ya que son zonas colindantes.

Por el lado del Perú en las Provincias de Loreto y Maynas se aprobó el contrato de Licencia de Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 67 mediante Decreto Supremo N.º 038-1995, de fecha 10 de diciembre de 1995 en favor de la empresa Advantage Resources (Perú) Corporation, Sucursal Perú, posteriormente la empresa Barrett Resources Corporation sucursal Perú se hizo cargo del Lote 67 mediante el Decreto Supremo N° 048-99-EM, de fecha 17 de setiembre de 1999, con una extensión de 572,134 has. y posteriormente fue reducido a 101,931.69 has, ubicado a 10 kilómetros de la frontera con el Ecuador. Durante los años 1996 – 1997 Barrett abrió 899 Km. de trochas sísmicas. 

El 18 de febrero de 2003, la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) base regional de Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) presentó ante la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) de Loreto, el Plan Operativo para la “Delimitación Territorial de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario de las cuencas altas de los ríos Yavarí, Tapiche, Napo, Curaray, Arabela y Tigre, departamento de  Loreto”, con la finalidad de proteger a esta población en aislamiento voluntario.

Mediante Ordenanza Regional N° 004-2004-CR/GRL de fecha 16 de marzo de 2004 publicada el 27.08.2004 en el diario regional “El Matutino” y el diario El Peruano el 01.09.2004 se excluyo unidades de aprovechamiento forestal en el ámbito de la propuesta de la “Reserva Territorial Napo Tigre”, esta decisión se tomó luego de que se diera a conocer de la existencia de Pueblos Indígenas Aislados en esa zona, por los Investigadores del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) mediante el Informe “Fundación de una propuesta de la exclusión precautoria de unidades de aprovechamiento forestal fronterizas Perú – Brasil y Perú – Ecuador.”

En Julio de 2005, AIDESEP volvió a presentar ante la dirección Regional de Agricultura de Loreto, el Estudio Técnico para la “Delimitación Territorial a favor de los pueblos indígenas en situación de aislamiento coluntario ubicados en la cuenca alta de los ríos Curaray, Napo, Arabela, Nashiño, Pucacuro, Tigre y afluentes”, más conocida como la “Propuesta de Reserva Territorial Napo Tigre.

En enero del 2006, la Defensoría del Pueblo presenta el Informe Defensorial N° 101. Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial, que señala que a consecuencia de sus visitas realizadas a las localidades de Napo y Maynas ha podido recoger evidencias de  contacto de población en aislamiento y contacto inicial.

En marzo del 2007 mediante Oficio N° 269-2007-GRL-DRA-L/OAJ-078 el titular de la Dirección Regional Agraria del Ministerio de Agricultura de la Región Loreto remitió los estudios técnicos elaborados por AIDESEP al INDEPA para la creación de la “Reserva Territorial Napo Tigre”, sin que hasta la fecha haya dado respuesta.

Mediante Informe N° 009-2007-DP/ASPMA.CN de fecha 20 de marzo 2007 elaborado por la Adjuntía para los servicios Públicos y el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo efectuó recomendaciones a PERUPETRO con el objeto de que en la promoción de la inversión en hidrocarburos se respeten las reservas y Áreas Naturales Protegidas (ANP) a sabiendas que la propuesta de la “Reserva Territorial Tigre Napo” formaba parte de un ANP, sin embargo en el Diario Gestión del día 13 de abril de 2007, página 11; Daniel Saba, Presidente de PERUPETRO en esos años, señaló que las aseveraciones de la Defensoría del Pueblo “(…) no tienen sustento y que continuará con el concurso internacional (…)”.

El 19 de junio de 2007 simultáneamente  AIDESEP interpuso una demanda ante la Secretaria Técnica Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) fundamentándose en la grave amenaza para los derechos a la vida, a la integridad personal y, debido a la relación especial de estos pueblos con su territorio, a la propiedad, a la posesión, a la salud y al bienestar, en conexión con el derecho al ambiente sano, de los pueblos indígenas en Situación de Aislamiento Voluntario.

En julio de 2007 AIDESEP presentó una demanda de Amparo contra las empresas Barret Resource Perú Corporation (actualmente PERENCO) entre otras empresas y el Ministerio de Energía y Minas; generándose el Expediente N° 919-2007. El proceso tuvo tres jueces antes de resolverse la causa, audiencias preferentes en favor de la empresa petrolera y el Ministerio de Energía y Minas, lo que generó serias dudas sobre la imparcialidad al momento de expedir la sentencia; la misma que mediante Resolución N° 46 del 01.07.2008 declara INFUNDADA la demanda interpuesta por AIDESEP, bajo el argumento que “En el presente caso como se ha expresado, la demandante no ha demostrado que la exploración y explotación de los lotes 39 y 67 constituye una amenaza cierta e inminente sobre los derechos fundamentales de poblaciones nativas”.

Mediante Resolución MC-129-07 de la CIDH, del 15 de agosto de 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita al Estado peruano informar sobre el estado actual de los proyectos de exploración y explotación petrolera ubicados en los lotes 67 y 39 y el impacto que dichas actividades podrían generar en la vida, la integridad personal, el territorio, la salud, el medio ambiente y la cultura de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario. Asimismo, debe informar sobre las medidas adoptadas o que hubiere de adoptar el Estado para garantizar la vida, la integridad personal, la salud, el territorio, el medio ambiente y la cultura de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario

En noviembre de 2007, el presidente de la República, Alan García, publica en un diario dos artículos llamados “El Perro del Hortelano” y “Receta para Acabar con el Perro del Hortelano” donde explica lo que será su política económica neoliberal promovedora de grandes inversiones.

En ellos propone dar en propiedad a inversionistas, terrenos de la Amazonía de 5.000, 10.000 o 20.000 hectáreas y vender o alquilar las restingas (playas de los ríos amazónicos).

Sobre los indígenas en aislamiento voluntario dice: “Y contra el petróleo, han creado la figura del nativo selvático ‘no conectado’; es decir, desconocido pero presumible, por lo que millones de hectáreas no deben ser exploradas, y el petróleo peruano debe quedarse bajo tierra mientras se paga en el mundo US$90 por cada barril. Es preferible para ellos que el Perú siga importando y empobreciéndose”.

A partir de enero de 2008, PERENCO adquirió el 100% de las acciones que Barret Resources (Perú) LLC, Sucursal Perú, que permite la exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote 67 en la cuenca del Marañón. El Lote 67 contiene los pozos el Paiche, Dorado y Piraña que en conjunto tienen recursos estimados de más de 300 millones de barriles. Se ha señalado que, cuando el desarrollo se complete se estima que estos campos tendrán que producir hasta 100000 barriles de petróleo por día. El plan de Desarrollo, aprobado en julio de 2007 – incluye la perforación, construcción de la superficie de transformación y manipulación de las instalaciones, tuberías y locales para la entrega de petróleo crudo  explotación en el sistema de ductos (durante los años 1998 y 2006 se  perforó 5 pozos exploratorios). Este plan contempla las inversiones que actualmente se calculan en $1.5. Millones.

En ese mismo año, 2008, AIDESEP interpuso el Recurso de Apelación de la Acción de Amparo. La Sala Superior competente confirma la apelada declarándola también infundada mediante Resolución N° 53 de fecha 01 de octubre de 2008  por considerar que de los medios probatorios ofrecidos por la actora, así como del amplio debate sostenido por las partes, no se ha acreditado de manera suficiente la existencia de pueblos en situación de aislamiento en la zona en que están ubicados los Lotes 39 y 67. Con relación al hecho de que las empresas involucradas hayan establecido en el Estudio de Impacto Ambiental referencias sobre las medidas que se deben ejecutar en caso de presentarse el contacto con indígenas en situación de aislamiento, no significa que esté acreditada la existencia de nativos, pues por el contrario, se trata del cumplimiento de la normativa vigente sobre la materia y de los protocolos de contingencia antropológica exigible en todo proyecto de exploración en las zonas de la selva.

En este caso, la empresa PERENCO contrató los servicios de la Consultora DAIMI con el objeto de que elaborara un informe antropológico (multidisciplinario) que “desmienta” las afirmaciones de la AIDESEP y pueda ser presentado al proceso judicial que se encontraba en segunda instancia en etapa de apelación, que de hecho fue presentado, admitido e indebidamente valorado por la Sala Superior de Loreto. El Estudio denominado “Investigación interdisciplinaria antropológica respecto a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial”, que fue catalogado como falso por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el 2012, fue el mismo que se valoró en esta instancia judicial y por el cual se falló en contra de AIDESEP.

El 01 de octubre de 2008 AIDESEP presenta el recurso de agravio Constitucional ante la Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia de Loreto la misma que se declaró infundada, por lo que en última instancia se recurrió al Tribunal Constitucional.

El 9 de abril de 2009, transcurrido un mes de las cartas enviadas por AIDESEP, y tres meses de que Velásquez Quesquén se comprometiera a presentar el informe y sin haber recibido respuesta alguna de las autoridades, las Comunidades indígenas dan inicio al segundo paro amazónico exigiendo la derogatoria de los decretos que vulnerarían sus territorios, medida conocida como el Paro Amazónico del 2009, que desencadenó los hechos del 5 de junio de 2009 en la ciudad de Bagua.

El 29 de abril de 2009 mediante Decreto Supremo N° 044-2009-EM, en pleno Paro Amazónico, el Gobierno peruano declara de necesidad e interés nacional, el desarrollo del Proyecto del Lote 67, disponiendo que las entidades de distintos niveles de gobierno, brindarán el  apoyo y la información necesaria con el fin de lograr la ejecución del proyecto de desarrollo del Lote 67. 

Mediante informe técnico N° 001-ST-2009 la Secretaria de la Comisión Multisectorial recomienda “Devolver la solicitud a AIDESEP (….) por cuanto la solicitud no se ajusta a las normas administrativas de Ley, ni cumple la exigencia de riguridad (sic) metodológica científica como para determinar que existan Pueblos en Aislamiento Voluntario.”

En octubre del 2011 mediante Informe N° 399-2011-JUS/PPES el Estado Peruano responde al formulario de preguntas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la misma que es puesta a consideración de AIDESEP el 20 de octubre de 2011, para que formule sus observaciones al informe en referencia y además brinde información actualizada sobre la actuación de riesgo actual de los propuestos beneficiarios, a fin de que la CIDH pueda examinar la pertinencia de las medidas cautelares.

El 11 de noviembre del 2009 el Tribunal Constitucional resuelve la causa del Expediente N° 6316-2008-PA/TC, mediante el cual se declara IMPROCEDENTE la demanda de amparo, porque no se ha acreditado la existencia de la comunidad en aislamiento voluntario o no contactada, sin perjuicio de reconocer el derecho inalienable de los Pueblos Indígenas y Tribales a ser consultados conforme al Convenio 169 de la OIT, el mismo que tomó en cuenta el estudio denominado “Investigación interdisciplinaria antropológica respecto a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial”, elaborado por la Consultora Daimi Service Perú SA en el 2008. 

El 15 de noviembre de  2011 AIDESEP presenta ante la CIDH las observaciones al Informe N° 399-2011-JUS/PPES mediante Carta N° 311-2011-AIDESEP; señalando: “(…) es menester recordar que las Empresas citadas en el numeral 2 del presente en sus inicios expresaron su conformidad al Estudio de Impacto Ambiental (EIA), reconociendo la presencia de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, el mismo que a posteriori desconocieron inexplicablemente y sin el debido fundamento legal (…) a mayor información, estamos en la capacidad técnica de señalar que dentro del plan de trabajo efectuado por las empresas citadas, no se ha contemplado el Plan Antropológico, el cual resulta necesario e imprescendible”.

El 15 de diciembre de 2011 la CIDH solicita a AIDESEP información adicional, la misma que es respondida mediante Carta N° 004 – 2012-AIDESEP de fecha 10 de enero de 2012.

El 29 de febrero de 2012 la CIDH solicitó a AIDESEP nuevamente información adicional, la misma que es respondida mediante Carta N° 034-2012-AIDESEP de fecha 8 de marzo de 2012.

Por su parte el Estado peruano ha solicitado una ampliación en el plazo para responder las observaciones presentadas al Informe N° 399-2011-JUS/PPES por AIDESEP, la misma que hasta la fecha no ha sido respondido por el Estado peruano.

Es necesario recordar que el Decreto Supremo N° 015-2006-EM. Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos  en el artículo 27 se señala que el EIA debe contener un Plan de Contingencia, el cual debe contener medidas de prevención y atención de las emergencias que puedan presentarse durante la vida del proyecto, en ese sentido en el artículo 61 señala que el Plan de Contingencia:

Las medidas que deberá ejecutar el Titular en caso de producirse derrames, fugas, escapes, explosiones, accidentes, incendios, evacuaciones, desastres naturales y presencia de poblaciones en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial. La metodología de Contingencias para el contacto con estas poblaciones deberá seguir los lineamientos del Protocolo de Relacionamiento con Pueblos en Aislamiento, elaborado por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA) o el que lo modifique o sustituya.”

Y si fuera el caso, “el OSINERG podría llegar a ordenar la paralización de las actividades en caso detecte que el Plan de Contingencias no se encuentra adecuadamente implementado”.

Llama la atención que el único informe que señala que no existe población en aislamiento voluntario y/o contacto inicial en las áreas de exploración y explotación de los lotes 67 A y 67B y 39 es el estudio denominado “Investigación interdisciplinaria antropológica respecto a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial”, elaborado por la Consultora Daimi Service Perú SA en el 2008, el mismo que según la Universidad Nacional de San Marcos es FALSO. Conviene recordar que posteriormente la empresa PERENCO señaló en el procedimiento de aprobación de su EIA que el estudio denominado “Investigación interdisciplinaria antropológica respecto a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial”, sólo fue un documento informativo.

Con los argumentos antes expuestos se puede afirmar que ya no existe sustento para negar la presencia de población en aislamiento y/o contacto inicial, porque éste se sustentaba en un documento falso y en consecuencia se hace necesario un Plan de Contingencia Antropológico el mismo que no existe en el EIA, porque PERENCO señaló que el estudio denominado “Investigación interdisciplinaria antropológica respecto a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial” es informativo.

Según el Decreto Supremo N° 015-2006-EM. Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos señala que los Planes de Contingencia son obligatorios; sin embargo pese a ello el Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas, a cargo de la Eco. Iris Cárdenas Pino, ha aprobado el EIA para el Proyecto Fase de Desarrollo de los Lotes 67A y 67B, ubicado en los distritos de Napo y Tigre, Provincias de Loreto y Maynas, Región Loreto, presentado por la empresa PERENCO PERU LIMITED, SUCURSAL PERU, sin contar con ningún Plan de Contingencia Antropológica a pesar de que estuvo debidamente informada por el INDEPA sobre lo sucedido.

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