Perú: Estado pretende expulsar a indígenas de las áreas naturales protegidas en la región San Martín

El presidente de la Federación de Pueblos Indígenas Kechwas del Bajo Huallaga (FEPIKBHSAM), Elias Sinti Panduro, señaló que: “el Estado peruano inició una persecución judicial contra los indígenas ubicados en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) como el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera (ACR-CE) y el Parque Nacional Cordillera Azul, con la finalidad de desalojarnos en nombre de la conservación; eso hace parecer que al Estado peruano más le importa proteger una mariposa que a los indígenas que nos encontramos ancestralmente en nuestros territorios”.

Sinti señala que nuevamente la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Alto Amazonas, a través de la Dra. Vanessa Vela Del Águila, formuló acusación contra su persona y el líder indígena Adriano Pizango Satalaya pertencientes a la Comunidad Nativa Ankash Yaku de Achinamisa, por presuntos delitos de desbosque dentro de su territorio que forma parte del ACR-CE, que en la práctica son sus chacras que producen yuca, plátano y cacao desde hace muchos años.

Anteriormente la misma fiscalía denunció por los mismos hechos a 12 líderes indígenas de la comunidad nativa Ankash Yaku de Achinamisa, provocando que nuestros hermanos abandonen sus chacras por temor a ser encarcelados. “Muchos hermanos hoy tienen miedo de ingresar al área para sacar un animal para comer con la familia o sembrar plátano en zonas donde ancestralmente siempre hemos cultivado nuestra comida, esto está provocando que muchos de ellos vayan a la ciudad a buscar trabajo y eso no puede ser posible teniendo un terreno lleno de plantas medicinales y bosque que toda una vida hemos cuidado y protegido inclusive con nuestra vida” – remarco Sinti.

El 02 de julio de 2015, el Jefe de la Comunidad Nativa Kichwa Callanayacu, que forma parte de la FEPIKBHSAM, Quefer Mosqueda Pérez, fue amenazado por el Jefe del Parque Nacional Cordillera Azul, Frank Oyola Ojeda, para no ingresar a su territorio a realizar sus actividades de limpieza de linderos porque éste se encontraba dentro del Parque Nacional Cordillera Azul (Oficio 117-2015-SERNANP- PNCAZ); porque de lo contrario sería denunciado por el Delito de contra los bosques.

El Presidente de la FEPIKBHSAM asegura que existe un plan desde el Estado para desalojar a los pueblos indígenas de las ANP, “porque el 20 de enero de 2017 la FEPIKBHSAM y sus bases sostuvimos una reunión con Diana Rivera, Representante del PNUD – DCI y su equipo técnico, señalando que ellos no podrían acompañar el proceso de titulación de comunidades nativas que se encuentran ubicadas dentro del Parque Nacional Cordillera Azul, vulnerando de esta manera al derecho a la propiedad indígena, y eso consta en Acta.

Actualmente, los guardaparques del ACR-CE no son consultados ni consensuados con la FEPIKBHSAM ni con las comunidades, simplemente son impuestos en forma arbitraria por el Proyecto Especial Huallaga Central Bajo Mayo (PEHCBM) que tiene a cargo la administración del área,  contratando a personas ajenas a nuestras comunidades para que ingresen a realizar supuestas labores de control y fiscalización, generando conflictos, debido a que todo ingreso a la comunidad debe ser coordinado; pero por el contrario los guardaparques ingresan en forma prepotente a nuestros territorios, con personas ajenas a la comunidad provocando las invasiones o el otorgamiento de concesiones para la conservación dentro de territorio indígena, como lo que quisieron hacer en la Comunidad Nativa Ankash Yaku de Achinamisa; agregó Sinti.

El primer caso sobre el Delito de Desbosques contra los 12 hermanos indígenas, nos ayudó la Asociación Paz y Esperanza, logrando que la Sala Penal de Apelaciones de Tarapoto; reconozca que las actividades dentro del ACR-CE representaban actividades tradicionales y de subsistencia, remarcó el presidente de FEPIKBHSAM.

Según, la Ley Nº 29263 Ley que modifica diversos artículos del Código Penal y de la Ley General del Ambiente, en su segunda disposición complementaria; respecto del delito contra los bosques y formaciones boscosas, se establece que; “Están fuera del alcance de la presente Ley, las comunidades campesinas y comunidades nativas que realicen actividades de pesca, caza, extracción y tala con fines de subsistencia.” En ese sentido, no se explica porque el Ministerio Público insista en denunciar a los pueblos indígenas por tener chacras ancestralmente constituidas dentro de un ANP y conforme al Plan Maestro del Área.

Los funcionarios públicos creen que los indígenas somos unos ignorantes que hacemos chacras en cualquier parte e inclusive en cabecera de cuenca. Eso es una discriminación que los pueblos del Bajo Huallaga no vamos aceptar. Los pueblos indígenas tenemos nuestro propio ordenamiento territorial, sabemos dónde hacer casas para evitar inundaciones en la crecida del río, donde hacer chacra por el tipo de suelo y pendiente y, también sabemos que las cabeceras de cuenca no se deben tocar porque allí está la vida de los animales y las plantas. El problema está en que los ingenieros que van a las mejores universidades no saben hacer planificación ni cuidado del bosque, porque para ellos primero está la rentabilidad mientras que para los pueblos indígenas primero es la vida; puntualizó Elias Sinti.


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