Perú: La gran FARSA de la titulación de comunidades nativas. PARTE I.

Después del escándalo suscitado por la Leche Pura Vida en el Perú, a consecuencia de la observación realizada en Panamá, porque el contenido del producto no era realmente leche y que el etiquetado era parte del fraude; del mismo modo se les pretende hacer creer a los pueblos indígenas del Perú, que los proyectos denominados “Para la Titulación de comunidades nativas” les permitirá la seguridad jurídica sobre sus territorios, cuando en realidad sólo les otorgarán una Cesión en Uso en gran parte de ellas.

El Tribunal Constitucional Peruano señaló que; “(…) si bien el Convenio 169, se encuentra vigente en nuestro país desde 1995, este no ha sido materia de regulación por parte del Congreso o del Ejecutivo de manera tal que su tutela pueda ser solicitada de manera sencilla.”(Expediente Nº 06316-2008-PA/TC); es decir, desde hace más de veintidós años que el Congreso y los gobiernos tienen pendiente la adecuación de las normas internas para el cumplimiento del Convenio 169 OIT respecto de la territorialidad indígena; sin embargo, la omisión de este mandato provoca que derechos de los pueblos indígenas se encuentran desprotegidos y en constante vulneración sin que a nadie le interese mucho.

La legislación vigente en el Perú para la formalización de la propiedad indígena data de los años 1978 (Decreto Ley Nº 22175) y 1979 (D.S. Nº 03-79-AA), cuando el Convenio 169 OIT no se encontraba vigente y la legislación de la materia se emitió bajo la tutela de la Constitución de 1933.

Al respecto, el Decreto Ley Nº 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva establece;

“Artículo 11.-La parte del territorio de las Comunidades Nativas que corresponda a tierras con aptitud forestal, les será cedida, en uso y su utilización se regirá por la legislación sobre la materia.”

Es decir, una vez delimitado el territorio indígena, se realizará una clasificación de suelos, de la misma que sólo el área que sea categorizada como agropecuaria se le otorgará el título de propiedad; mientras que el área categorizada como forestal o de protección se les cederá en USO. Conforme a lo establecido por el Convenio 169 OIT, las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Sentencias del Tribunal Constitucional; la cesión en uso a los pueblos indígenas respecto de sus territorios con aptitud forestal representa una clara contravención al tratado de derechos humanos vinculado a pueblos indígenas (Convenio 169 OIT) y a la propia Convención Americana de Derechos Humanos respecto de su artículo 21.

Esta metodología usada para la formalización de la propiedad indígena, el Estado peruano “meramente otorga a los integrantes del pueblo […] un privilegio de usar la tierra, el cual no le garantiza el derecho de controlar efectivamente y ser propietarios de su territorio sin ningún tipo de interferencia externa” (CIDH Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vrs. Surinam); vulnerando así los contenidos esenciales de la propiedad y su acceso a la misma como cualquier ciudadano peruano; colocándolo en una situación de vulnerabilidad y condena a su desaparición como pueblo.

Nuestro máximo interprete de la Constitución al respecto señaló:

“Por lo expuesto, es de suma relevancia que el Estado refuerce y dinamice las labores de limitación de los territorios indígenas a fin de brindar una apropiada protección jurídica a los pueblos indígenas, mediante la concretización de los derechos de propiedad de los territorios que cada comunidad ocupa.”(STC Expediente Nº 0022-2009-AI/TC).

Sin embargo, todos los proyectos de formalización de territorios indígenas en el Perú; se denominan “Titulación de comunidades nativas”; del mismo modo del cuento de la leche que no es leche, cuando en la práctica se otrogarán en Cesión en Uso sobre los territorios indígenas cuyas áreas sean categorizadas como forestales o de protección.

A pesar que existe evidente contradicción entre los mandatos internacionales, el Tribunal Constitucional Peruano y del Convenio 169 OIT; existen funcionarios y líderes indígenas que prefieren hacerse de la vista gorda con la finalidad de seguir intereses económicos que pronto el pueblo pasará factura.


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