Perú: Ministerio Público evidencia que Ley Nº 30327 es una amenaza a los derechos de los pueblos indígenas y su territorio ancestral

El día lunes 07 de marzo del 2016, el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible del Perú (IDLADS PERÚ), visitó el Poder Judicial ubicado en Nauta, Iquitos, para presentar la absolución de excepciones y descargo a la contestación de la demanda de titulación de territorios indígenas, presentada por el Ministerio Público, uno de los demandados, en la ya conocida acción judicial de las Federaciones Indígenas FEDIQUEP, FECONACO y ACODECOPAT, que fue presentada el pasado 27 de mayo del año anterior, con la finalidad que se dejen sin efecto las Resoluciones Supremas N° 060 y N° 061 del 2006, emitidas por el Ministerio de Energía y Minas, de forma irregular, pues otorgó servidumbres gratuitas a la empresa petrolera Pluspetrol de manera inconsulta, en territorios de posesión ancestral de comunidades indígenas; así como con la finalidad de que inapliquen artículos de la Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, Ley N° 30327, por ser ilegales e inconstitucionales.El Ministerio Público alegó indebidamente, que no había documento que acredite que se les haya delegado representación a las federaciones para que interpongan la acción constitucional, olvidando que al tratarse de derechos colectivos y de interés difuso no hay necesariedad de acreditación, y más al tratarse de las comunidades indígenas afectadas, que están  debidamente legitimados para accionar, para ejercer su derecho de defensa.

Asimismo, el Ministerio Público, en su contestación de la demanda, argumentó que no se precisaba cómo es que la norma penal modificada en la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley 30327, afectaba el derecho de propiedad y posesión ancestral indígena, ni el derecho de protesta, cuando en realidad es evidente que el tipo penal con la forma agravada de usurpación que se ha consagrado en esta Ley, modificando el numeral 8 del artículo 204 de Código Penal, expone de manera directa a las comunidades demandantes a ser denunciadas por usurpación, al encontrarse en territorios otorgados en servidumbre y derechos de vía o localización del área concedidos para proyectos de inversión por el Estado peruano, no obstante ser de posesión ancestral de los pueblos indígenas demandantes.

A ello se añade, otra norma penal privativa de libertad incorporada en la Quinta Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley 30327, el artículo 376-B al Código Penal, que impide que los funcionarios públicos del Gobierno Regional puedan titular el territorio que ancestralmente poseen los demandantes y donde se encuentran servidumbres a favor de empresas petroleras, y que si lo hiciesen cometerían el delito de otorgamiento ilegítimo de derechos sobre inmuebles.

En conclusión, el Ministerio Público ha dejado claro que como titular de la acción penal aplicará los dispositivos legales antes señalados y no ha dado ninguna excepción, ni se ha comprometido a no denunciar a las comunidades indígenas que ocupen terrenos brindados en derecho de vía o servidumbre a favor de una empresa petrolera, y además no se ha comprometido a denunciar a funcionarios públicos que titulen a pueblos indígenas sobre servidumbres hidrocarburíferas, sino todo lo contrario ha dicho que aplicará la ley sin ninguna excepción.

FUENTE: IDLADS

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