Perú: Ronderos hacen prevalecer su jurisdicción especial

El Presidente del Poder Judicial; Duberly Rodriguez señaló; Es noticia en todo el Perú, que una jueza de Piura ha sido maltratada por una ronda de Ayabaca, que le han pegado, que le han chicoteado. Eso está mal, está totalmente mal. Nos parece totalmente negativo, que la ronda campesina extendiéndose en su función castigue a una jueza del sistema ordinario sin el debido procedimiento. Ustedes tienen procedimiento, tienen pasos a seguir. ¿Y cómo le van a aplicar una condena a una jueza? Y de frente quieran golpearla, eso no está bien.

Pero tampoco está bien que la jueza se haya ido. Por una sencilla razón. Si la justicia comunal está interviniendo, investigando un asalto o un robo de cerca de 100,000 soles producido en una comunidad (que había conseguido su plata para hacer limpiezas de sus carreteras, de sus canales, y se van los delincuentes, y por ahí hay una serie de atracos, de asaltos, casi de manera diaria), entonces es legítimo que la ronda investigue.

En consecuencia, ¿por qué delito podrían procesar a las personas que han agredido a la jueza? Pues, por el delito de obstaculización de la justicia. Sin embargo, yo también podría pensar al revés y decir que es la jueza quien está obstaculizando la justicia de la ronda.

En otra parte de su discurso dijo:

Entonces, tenemos que entender cuál es nuestra competencia en San Martín, Tarapoto, Moyobamba, Rioja. Cuando los abigeos son capturados por las rondas, ¿qué hacen los familiares de los abigeos? Van e interponen hábeas corpus, dicen que están violando sus derechos humanos. Si esa es la noticia -que la ronda está investigando el delito- los jueces de San Martín de plano rechazan el hábeas corpus porque están respetando la jurisdicción comunal.

Estas declaraciones desnudaron las deficiencias en los sistemas de coordinación entre la justicia comunitaria y la justicia ordinaria; por su parte los medios locales informaron que; los ronderos ya fueron denunciados.

Por otra parte, las diversas organizaciones vinculadas al Poder Judicial de Piura, así como el Colegio de Abogados de esa región emitieron pronunciamientos lamentando los hechos.

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Lejos de tomar una posición al respecto, queda evidenciado que las acciones de coordinación entre ambos sistemas de administración de justicia son deficientes. Cualquier autoridad no puede interferir en la administración de justicia de una jurisdicción sin recibir una sanción. En ese sentido, la sanción recibida es conforme a sus costumbres y cosmovisión; pues para algunos los azotes o latigazos representan violencia, para otros no lo son; pues ello implica que los diálogos y debates aún no estan resueltos y deben institucionalizarse.


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